07 noviembre 2018

Transparencia y buen gobierno, claves para la toma de decisiones en democracia

En la era de la globalización y la digitalización, el legislador se enfrenta a una complejidad técnica sin precedentes. La calidad de las decisiones políticas depende, y mucho, de la calidad de la  participación social, tanto de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, como de las empresas, las cuales ejercen una legitima influencia en los procesos legislativos.

Organizaciones como Transparencia Internacional y OCDE defienden principios rectores en la toma de decisiones públicas, exigiendo que todas las partes interesadas tengan un acceso equitativo a la información y a los procesos de decisión pública, promoviendo:

  • Modelos abiertos de participación pública, a través de cauces telemáticos como el correo electrónico y las plataformas digitales.
  • Plazos razonables para que las partes interesadas puedan familiarizarse con el proceso de aportación de consideraciones y presenten las mismas bajo los estándares de calidad y concreción adecuados.
  • Información clara y completa en los materiales que se aportan a los interesados para sean fácilmente comprensibles.
  • Transparencia y responsabilidad para conocer quién ha participado en el proceso de toma de decisiones y cuál ha sido el procedimiento de toma en consideración de las aportaciones.
  • Garantía de un marco legislativo que regule las actividades de influencia en la toma de decisiones.

Además, es recomendable que se regule la transparencia en la actividad de los distintos grupos de interés que participan en los procesos de decisión pública. De acuerdo con Foro por la Transparencia, entidad que agrupa a varios de los principales despachos de abogados y firmas de consultoría, y que trabaja para impulsar una regulación específica de los grupos de interés, necesitamos:

  • La puesta en marcha de registros de grupos de interés de carácter obligatorio por parte de las administraciones públicas.
  • La publicación de un Código de Conducta que oriente el comportamiento de los actores, así como sanciones por su incumplimiento.
  • El acceso público a las agendas de altos cargos y personal de libre designación, identificando los motivos de las reuniones así como los principales documentos intercambiados, con el límite del secreto comercial y la protección de datos de carácter personal.
  • Instituir los procesos de “huella legislativa”, en los que se dé publicidad a las reuniones e informes utilizados por diputados y cargos públicos en los procesos legislativos.

Pero la aprobación de norma no garantiza su correcta aplicación, necesitamos un marco sancionador claro así como una optima dotación de recursos humanos que vele por su cumplimiento. Necesitamos principios, reglas, normas y procedimientos que ofrezcan a los funcionarios públicos instrucciones claras en su relación con los grupos de interés.

Principios rectores de la regulación de la participación en la toma de decisiones públicas

Aumentar los estándares de transparencia en la toma de decisiones públicas es un elemento clave para favorecer modelos de gobernanza que permitan la inclusión de diversas perspectivas y soluciones en los procesos legislativos. Además son procesos que ayudan a:

  • Establecer un sistema de alerta temprana que permita al legislador detectar demandas de la sociedad civil y sector privado.
  • Gestionar conflictos sociales al reunir a diferentes partes interesadas y grupos de interés diversos en la misma mesa.
  • Lograr un mejor diseño de leyes, e implementar políticas más equitativas que reflejen la diversidad de intereses.
  • Asegurar la legitimidad de las políticas propuestas y aumentar la apropiación y responsabilidad en la implementación de la decisión.

En definitiva, a través de la promoción de la transparencia, la integridad y la imparcialidad en el proceso de toma de decisiones, se avanzará en estándares que favorecen la participación de la ciudadanía, organizaciones no gubernamentales y las empresas en los procesos legislativos, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia y la prevención de tensiones sociales entre diversos actores.

autores:
Joan Navarro
Socio y Vicepresidente de Asuntos Públicos en LLORENTE & CUENCA
Joan Navarro es licenciado en Sociología por la UNED y Programa de Dirección General (PGD) por el IESE-Universidad de Navarra.  Experto en comunicación política y asuntos públicos, de 2004 a 2007 fue director del gabinete del ministro de Administraciones Públicas y en 2010 fue reconocido como unas las 100 personas más influyentes por la revista El País Semanal. Fundador del foro +Democracia, entidad que promueve cambios institucionales para la mejora del funcionamiento democrático, desarrolla actividad docente en diversos centros universitarios. Además, es miembro del capítulo español del Strategic and Competitive Intelligence Professional (SCIP) y colaborador del diario El País.
Manuela Sánchez
Consultora del Área Asuntos Públicos en LLORENTE & CUENCA
Manuela Sánchez es abogada y politóloga. En la actualidad realiza su tesis doctoral sobre el marco jurídico de diseño de competencias en la Unión Europea. Previamente a su incorporación en la Firma, participó en el programa Deloitte Academic Career y realizó una estancia en el Institute for European Studies de Bruselas. En la actualidad, Manuela compagina el desarrollo de su actividad profesional con la participación en seminarios y conferencias sobre transparencia y procesos de toma de decisiones públicas.
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