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13 octubre 2017

El debate sobre la independencia de Cataluña: del pacto constitucional a la vía unilateral

Carles Puigdemont, el presidente del Gobierno catalán, anunció el pasado 10 de octubre que asumía el mandato del referéndum del 1 de octubre (suspendido por el Tribunal Constitucional de España) en el sentido de declarar la independencia unilateral de Cataluña. Sin embargo, a continuación propuso la suspensión de sus efectos de forma temporal, a la espera de iniciar una vía de diálogo con el Gobierno de España.

La mayoría de analistas han señalado que esta situación es totalmente inédita, y que se trataría de una estrategia para ganar tiempo, ante el rechazo internacional a la independencia de Cataluña, haciéndola absolutamente inviable en estos momentos. Las reacciones han oscilado desde la insatisfacción de amplios sectores independentistas, que no dudaron en calificar esta suspensión de “traición”, a la preocupación del Gobierno de España por la situación de incertidumbre e inestabilidad en Cataluña.

Como consecuencia de ello, el Gobierno de España requirió a la Generalitat confirmar si esas declaraciones eran una Declaración de Independencia o no. En función de la respuesta, el Gobierno de España aplicará con el apoyo de PSOE y Ciudadanos el artículo 155 de la Constitución Española con el objetivo, al menos, de asumir las competencias de convocatoria de elecciones en Cataluña y forzar un adelanto electoral que facilite el desbloqueo de la situación, así como la ruptura de la coalición independentista que gobierna hoy en la Generalitat.

En este informe se analiza la evolución de esta crisis institucional que se inicia en 2012 con la victoria en las elecciones autonómicas de Convergència i Unió (CiU), en la que por primera vez se apostó abiertamente por la Constitución de un nuevo Estado, rompiendo la larga tradición del nacionalismo catalán. Los nacionalistas catalanes habían gobernado Cataluña durante 25 años, siendo un socio fundamental de todos los Gobiernos de España y parte integrante del Pacto Constitucional de 1978 y del pacto estatutario del 2005.

ANTECEDENTES 

En 2003, y después de décadas de hegemonía nacionalista en Cataluña, los partidos progresistas llegaron por primera vez al Govern de la Generalitat en lo que se denominó como el primer Govern d’Entesa o Tripartito. Un pacto entre el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya (ICV) permitió investir al socialista Pasqual Maragall como presidente de la Generalitat. Uno de los principales objetivos de la legislatura fue la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Una propuesta que no había sido planteada hasta el momento por los gobiernos nacionalistas anteriores de Convergència i Unió (CiU).

El proceso de reforma estatutario no contó con el apoyo del Partido Popular, un elemento clave para entender el desarrollo de los acontecimientos posteriores. El Govern d’Entesa había contemplado en su pacto de legislatura excluir de cualquier acuerdo de gobernabilidad en Cataluña, o en el conjunto de España, al PP. La dirección nacional del PP interpretó esa iniciativa como un “cordón sanitario” e instó a sus parlamentarios catalanes a no participar del proceso de reforma estatutario.

Pese a ello, tanto CiU, como PSC, ICV y ERC impulsaron un proceso de reforma que acabó con la elaboración de un nuevo Estatuto de Autonomía que fue aprobado en 2005, en el Parlament de Cataluña con el apoyo de las todas las formaciones políticas, a excepción del PP.

Tras su aprobación en el Parlament, el Congreso de los Diputados modificó parcialmente el contenido del Estatuto para adaptarlo al marco constitucional a través de un pacto entre PSOE y CiU. El PP, que no participó en su elaboración, inició una campaña de recogida de firmas por toda España pidiendo que el Estatuto fuera refrendado por el conjunto de españoles.

Finalmente, en 2006, y siguiendo las previsiones constitucionales, el Estatuto catalán fue sometido a referéndum en Cataluña. En ese momento tanto PP como ERC (que había retirado su apoyo al Estatuto debido a las modificaciones incorporadas en el Congreso) pidieron el voto en contra. El Estatuto logró ser refrendado con el 73,24 % de los votos a favor y una participación de más de 2 millones y medio de catalanes.

Tras su aprobación en referéndum, el PP interpuso un recurso al Tribunal Constitucional iniciando un trámite que tiempo después se convertiría en la primera sentencia de este organismo sobre una ley de rango constitucional aprobada por un parlamento autonómico, por el Congreso de los Diputados y posteriormente sometida a referéndum. El Govern d’Entesa dio por finalizada la legislatura y convocó nuevas elecciones autonómicas tras las cuales se reeditó el pacto entre formaciones progresistas con el socialista José Montilla como nuevo presidente de la Generalitat.

El nuevo Govern centró la legislatura en el desarrollo de políticas públicas, aunque el debate territorial siguió siendo el protagonista de la vida política española, a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional. Entre tanto, se abrió un fuerte debate sobre su composición, con recusaciones de magistrados y la incapacidad de lograr acuerdos para su renovación.

En este contexto, en 2010, el Tribunal Constitucional (TC) hizo pública su sentencia, invalidando 14 artículos del Estatuto catalán. Días después, se organizó en Barcelona una gran manifestación bajo el lema: “Som una nació. Nosaltres decidim” (“Somos una nación, nosotros decidimos”), encabezada por el presidente Montilla. La sentencia y la posterior manifestación marcaron el debate de la política catalana y española de los próximos años. La sentencia fue interpretada por las fuerzas políticas, pero también por los ciudadanos catalanes, como un agravio, no tanto por el alcance de los artículos invalidados, sino por la corrección que el TC hacia de una ley aprobada mayoritariamente por los ciudadanos catalanes.

En noviembre del mismo año CiU ganó las elecciones y se inició una nueva etapa política liderada por el presidente Artur Mas.

DEL PACTO FISCAL AL DERECHO A DECIDIR

Artur Mas llegó al Govern de la Generalitat en 2010, en plena crisis económica y financiera. Por ello, pese a la efervescencia del debate territorial, los primeros años de la legislatura estuvieron marcados por la gestión de la crisis. El Govern de la Generalitat se autodenominó business friendly, pactó con el PP los presupuestos de la Generalitat y abanderó las primeras medidas de recorte presupuestario. Meses después, en 2011, el Govern tuvo que hacer frente al 15M, el movimiento social que en mayo de 2011 ocupó las plazas de España bajo el lema: “No nos representan”.

En junio de 2011, y después de que los Mossos d’Esquadra desalojaran a los manifestantes del 15M de la Plaza de Cataluña, se organizó una nueva protesta rodeando el Parlament de Cataluña. La imagen de Artur Mas entrando en el Parlament en helicóptero dio la vuelta al mundo. La mayoría de analistas consideran que fue bajo la presión del conflicto social provocado por los recortes y la crisis económica, cuando el Govern de la Generalitat consideró que debía cambiar su agenda política, señalando al Estado Español como responsable de los recortes sociales, por la insuficiencia financiera en la financiación de la Generalitat, introduciendo en el debate la reclamación de un “pacto fiscal” que permitiera aprovechar las movilizaciones sociales a favor de la Generalitat.

Esta estrategia, la defensa de un nuevo pacto fiscal para Cataluña, permitió que en noviembre de 2011, por primera vez, CiU se colocase como primera fuerza política en Cataluña en unas elecciones generales. En esas mismas elecciones el Partido Popular ganó, logró la mayoría absoluta y accedió al Gobierno de España. El nuevo ejecutivo de Mariano Rajoy se enfrentó también a unos meses de difícil gestión de la crisis económica.

“El proceso de reforma estatutario no contó con el apoyo del Partido Popular, un elemento clave para entender el desarrollo de los acontecimientos posteriores “

A lo largo de 2012, en pleno debate sobre el rescate del sistema financiero español, el Govern de la Generalitat y el Parlament, aprobaron iniciar conversaciones con el Gobierno para lograr un nuevo pacto fiscal, con lo cual pretendían que la tradicional manifestación organizada por la sociedad civil catalana el día 11 de septiembre (la Diada) se convirtiera en un “grito a favor del pacto fiscal”. No obstante, las organizaciones convocantes consideraron que ya había llegado el momento de exigir una Catalunya, nou Estat d’Europa (Cataluña, un nuevo Estado de Europa) logrando movilizar a entre 600.000 y 1,5 millones de personas, convirtiéndose en la mayor manifestación a favor del independentismo de la historia en Cataluña.

En ese contexto, Artur Mas y Mariano Rajoy se reunieron, el 20 de septiembre, en el Palacio de la Moncloa. Ante la petición de un pacto fiscal por parte de Mas, el Ejecutivo de Rajoy cerró las puertas, señalando la difícil situación económica que atravesaba el país. Días después, el presidente Artur Mas convocó elecciones anticipadas, al considerar que dada la negativa de Rajoy y dadas las reivindicaciones en las manifestaciones, la legislatura estaba acabada.

LA HISTORIA SE ACELERA: UNA CONSULTA ANTES DEL 2014

Las elecciones de noviembre de 2012 no causaron el efecto esperado en CiU, que no rentabilizó su apuesta, retrocediendo 12 diputados. Sin embargo, fue en esas elecciones cuando los términos del debate político se modificaron sustancialmente. El concepto dret a decidir (derecho a decir) fue asumido no solo por CiU, ERC o ICV, sino también por el PSC, que apostó por la organización de un referéndum legal sobre la independencia de Cataluña. Asimismo, en esas elecciones logró representación parlamentaria una formación anticapitalista e independentista, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP).

Artur Mas fue investido de nuevo presidente de la Generalitat, con el apoyo de ERC, y estableció como objetivo de investidura la organización de una consulta sobre la independencia de Cataluña antes de acabar el año 2014. A partir de ese momento, la historia se aceleró.

Entre tanto, el PSC y el PSOE vivieron una relación crítica. Los socialistas catalanes rompieron la disciplina de voto en enero de 2013, en el Congreso de los Diputados, con una moción favorable al derecho a decidir. El mismo mes, cinco diputados socialistas catalanes apoyaron en el Parlament una Declaración de Soberanía y algunos militantes históricos del PSC se dieron de baja para incorporarse al proyecto soberanista. Esta crisis se recondujo, al menos parcialmente, durante el verano de 2013, a través de la Declaración de Granada donde el PSOE y el PSC consensuaron su apuesta por el Estado federal y los socialistas catalanes renunciaron al referéndum sobre la independencia de Cataluña.

En abril de 2014, una delegación de diputados catalanes protagonizó un debate en el Congreso de los Diputados en el que solicitaron, a instancias del Parlamento catalán, la transferencia de la competencia para convocatoria de referéndums. El Gobierno de España no accedió a negociar sobre esta cuestión, argumentando que no podía dar pasos que facilitasen legalmente una posible consulta sobre la separación de una parte del territorio nacional.

Como reacción y tras varios procesos previos, el Parlamento catalán aprobó una Ley de Consultas y Participación a través de la cual se convoco una consulta para el 9 de noviembre de 2014. En la pregunta se planteaba la doble pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?” y, “en caso afirmativo, ¿quiere que sea independiente?”. La consulta fue amparada por la Generalitat, con la colaboración de las organizaciones independentistas y se desarrolló a través de voluntarios. Las instituciones del Estado no impidieron su celebración, al considerar que no se derivaban efectos jurídicos. Según la Generalitat, participaron 2,3 millones de personas, y el 80,6 % fueron favorables a la independencia. Pese a que no se tomaron medidas para impedir la celebración de esta consulta, sus principales impulsores, entre ellos el propio Artur Mas, fueron inhabilitados temporalmente por la justicia y sometidos a fuertes sanciones económicas.

LA APUESTA DECIDIDA POR LA INDEPENDENCIA

Tras la celebración de la consulta del 9N, Artur Mas adelantó las elecciones para el 27 de septiembre de 2015, y conformó una candidatura unitaria: Junts pel Sí (JxS), formada por Convergència, (ya sin Unió que había abandonado la coalición CiU), ERC y formaciones políticas menores, así como independientes.

Tanto JxS como la CUP consideraron que las elecciones del 27S tenían un carácter plebiscitario. Es decir, que ante la imposibilidad de pactar un referéndum con las instituciones del Estado y dada la falta de reconocimiento internacional de la consulta del 9N, las elecciones deberían ser entendidas como un sustituto del mismo, apostando ambas formaciones por primera vez y con total claridad en sus programas electorales por la independencia, incorporando una hoja de ruta explícita sobre el camino para lograrla.

En estas elecciones JxS y la CUP sumaron mayoría absoluta de diputados (72 de 135), pero representaron al 48 % de los votos. Las elecciones las habían ganado, pero no habían obtenido más de la mitad de los votos en los términos plebiscitarios planteados. Como consecuencia de ello, incluso el entonces portavoz de la CUP, Antonio Baños, declaró que el plebiscito no se había ganado. Tras semanas de bloqueo, JxS y la CUP acordaron in extremis investir al hasta entonces desconocido exalcalde de Girona, Carles Puigdemont, independentista desde su juventud, como nuevo presidente de la Generalitat, asumiendo en su investidura el compromiso de celebrar elecciones constituyentes de la nueva república catalana en un periodo de 18 meses. La CUP vetó la investidura de Artur Mas con el argumento de su gestión de la crisis económica.

Las constantes tensiones entre la CUP y el nuevo Govern forzaron a Carles Puigdemont a someterse a una cuestión de confianza en la que, a cambio del apoyo de CUP al presupuesto de la Generalitat, anunció la convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Cataluña para el año 2017, referéndum que no estaba previsto ni en la hoja de ruta de JxS, ni en el acuerdo de investidura. El referéndum quedó finalmente convocado para el 1 de octubre de 2017, bajo la pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”.

Entre tanto, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se disolvió. La decidida apuesta por la independencia de la nueva generación de líderes de la formación, así como la necesidad de distanciarse de los casos de corrupción que afectaban al partido y a su fundador, el expresidente Jordi Pujol, fueron elementos decisivos para la creación, en verano de 2016, de una nueva formación política, el Partit Europeu Demócrata Català (PDECAT).

LA VÍA UNILATERAL

Para hacer posible el referéndum, conscientes de que el único competente para su convocatoria era el Gobierno de España, el Parlament de Cataluña aprobó el 6 y 7 de septiembre de 2017 las conocidas Ley de Referéndum y Ley de Transitoriedad Jurídica. El debate parlamentario se produjo al margen del propio reglamento del Parlament, desoyendo las advertencias de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional e incumpliendo los preceptos marcados por el propio Estatuto, como por ejemplo, la necesidad de contar con un informe del Consejo de Garantías Estatutarias para la tramitación de las leyes. Los partidarios del Govern apostaron entonces claramente por la unilateralidad, el Parlament quedó dividido en dos, las fuerzas nacionalistas (con el apoyo de parte de la formación Podem), apoyando una nueva legalidad y el resto de formaciones oponiéndose a la vía unilateral.

En las semanas sucesivas las instituciones del Estado activaron los mecanismos legales para impedir la celebración del referéndum, detenciones de altos cargos, captura de papeletas, intervenciones telemáticas, control de las cuentas de la Generalitat. Sin embargo, el 1 de octubre el Govern de la Generalitat sorprendió al tener preparados los instrumentos logísticos para la celebración de la consulta. Pese a las actuaciones policiales, por las que el Gobierno se acabó disculpando días después, se pudo participar en la mayoría de los centros de votación previstos. La consulta, pese a la ausencia de garantías legales contó, según el Govern, con una participación de 2.2 millones personas y un 90,2 % de votos favorables a la independencia, datos imposibles de verificar en ausencia de ninguna autoridad electoral independiente.

La misma noche de la celebración del referéndum, el presidente de la Generalitat anunció que trasladaría los resultados de la consulta al Parlament de Cataluña para activar la Ley de Transitoriedad Jurídica. Esta ley, suspendida por el Tribunal Constitucional, prevé que, de resultar mayoritario el apoyo a la independencia, quedaría proclamada la independencia de Cataluña en 48 horas, y se activaría un proceso preconstituyente de seis meses, que culminará con la convocatoria de unas elecciones constituyentes y la posterior aprobación de la Constitución de la república catalana.

LA RESPUESTA EMPRESARIAL Y DE LA SOCIEDAD CIVIL ESPAÑOLA

Los días posteriores a la celebración del referéndum, la incertidumbre y el temor a la proclamación de una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y sus posibles consecuencias económicas generó un masivo traslado de empresas con domicilio social en Cataluña a otras comunidades autónomas. Para facilitarlo, el Gobierno de España aprobó un decreto para agilizar el cambio de sede social de las compañías sin necesidad de la aprobación de la Junta General de Accionistas.

En este contexto, seis de las siete compañías catalanas del IBEX ya han comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el traslado de su sede social. Asimismo, un gran número de pequeñas y medianas empresas de diversos sectores decidieron hacer lo mismo. En la práctica, el traslado del domicilio social tiene un impacto mínimo en términos tributarios para Cataluña, dado que los principales impuestos que abonan las compañías son estatales. Sin embargo, el mensaje del mundo económico al Govern y a la vía unilateral del independentismo ha sido rotundo.

Asimismo, algunas agencias de calificación como Moody’s han advertido del impacto negativo en el rating tanto de Cataluña como de España, y organismos como el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional han afirmado que la tensión en Cataluña pone en peligro las proyecciones de crecimiento para el conjunto de la economía española.

Por último, en los últimos días también destacó la organización de la primera gran manifestación de ciudadanos contrarios a la independencia en Barcelona, en la que participaron entre 350.000 y poco más de 1 millón de personas. En los últimos años solo el independentismo había tenido una gran capacidad de movilización. La manifestación evidenció la pluralidad y diversidad de opiniones de la sociedad catalana.

Y AHORA, ¿QUÉ?

Carles Puigdemont, el presidente del Govern de la Generalitat, anunció el pasado 10 de octubre que asumía el mandato del referéndum del 1 de octubre (suspendido por el Tribunal Constitucional de España) en el sentido de declarar la independencia unilateral de Cataluña. Sin embargo, a continuación propuso la suspensión de sus efectos de forma temporal, a la espera de iniciar una vía de diálogo con el Gobierno de España.

Como consecuencia de ello, el Gobierno de España requirió a la Generalitat confirmar si esas declaraciones eran una declaración de independencia o no. En función de la respuesta, el Gobierno de España aplicaría el artículo 155 de la Constitución española con el objetivo, al menos, de asumir las competencias de convocatoria de elecciones en Cataluña y forzar un adelanto electoral que facilite el desbloqueo de la situación, así como la ruptura de la coalición independentista que gobierna hoy en la Generalitat.

La aplicación de esta medida sería apoyada por Ciudadanos y por el PSOE que, además, ha anunciado esta semana que su formación habría llegado a un acuerdo con el Gobierno para iniciar la tramitación de una reforma constitucional. La mayoría de analistas consideran que una vez restablecida la normalidad institucional en Cataluña, la solución al reto territorial planteado pasa por la negociación de una reforma de la Constitución que renueve el Pacto constitucional para las siguientes décadas y generaciones.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA POLÍTICA CATALANA?

Candidatura d’Unitat Popular

Organización política asamblearia, anticapitalista, independentista y defensora de la vía unilateral.

Catalunya Sí Que es Pot (CSQEP)

Candidatura de izquierda alternativa creada para las elecciones de 2015 entre Iniciativa per Catalunya Verds(ICV), Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), Podemos y Equo.

Ciutadans (C’s) 

Partido liberal, defensor de la unidad de España, fundado en 2006 con el objetivo de combatir al nacionalismo catalán.

 

Convergència i Unió (CiU) 

Federación de dos partidos políticos nacionalistas catalanes creado en 1978. Estaba integrado por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), nacionalistas de centro-derecha liberal, y Unió Democràtica de Catalunya (UDC), de ideología democristiana. Fue la principal fuerza hegemónica en Cataluña hasta que, en 2015, Unió rompió con Convergencia, momento en el que Unió se presentó en solitario a las elecciones y no obtuvo representación.

 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Fundado en 1931, es un partido independentista de corte socialdemócrata.

Iniciativa per Ctalunya – Esquerra Unida i Alternativa (ICV – EUiA)

Coalición electoral de izquierdas y ecologistas. Se fundó en 2003 por Iniciativa per Catalunya per Catalunya Verds (ICV), Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), entesa pel Progrés Municipal (EPM) y els Verds-Esquerra Ecologista.

 

 

Junts pel Sí (Jxs) 

Candidatura unitaria favorable a la independencia para las elecciones de septiembre de 2015 entre Convergència, Esquerra Republicana de Catalunya y otras formaciones menores e independientes. Gobierna en la actualidad con el apoyo de la CUP.

Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) 

Creado en el verano de 2016. Este partido independentista y liberal se considera el sucesor de Convergéncia Democràtica de Catalunya (CDC).

Partit Popular de Catalunya (PPC) 

Forma parte del Partido Popular, formación española fundada en 1989, de corte liberal-conservador y defensor de la unidad de España

PartiT dels Socialistes de Catalunya (PSC) 

El Partit dels Socialistes de Catalunya se fundó en 1978, es federalista y socialdemócrata. Está federado con el PSOE en el resto de España.

Joan Navarro es socio y vicepresidente del Área Asuntos Públicos en LLORENTE & CUENCA. Se licenció en Sociología por la UNED, es PDG por el IESE-Universidad de Navarra, es experto en comunicación política y Asuntos Públicos. De 2004 a 2007 fue director del Gabinete del Ministro de Administraciones Públicas, y en 2010 fue reconocido como unas las 100 personas más influyentes por la revista El País Semanal. Fundador del foro +Democracia, entidad que promueve cambios institucionales para la mejora del funcionamiento democrático, desarrolla actividad docente en diversos centros universitarios, y es miembro del capítulo español del Strategic and Competitive Intelligence Professional (SCIP) y colaborador del diario El País.

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Nacho Corredor es consultor senior del Área Asuntos Públicos de LLORENTE & CUENCA. Es politólogo por la Universitat Pompeu Fabra.  También es consultor de reputación y analista de inteligencia competitiva,  es analista político en medios de comunicación como Cuatro, la Cadena SER o El Periódico de Catalunya. Asimismo, es profesor en postgrados del ámbito de la comunicación y los asuntos públicos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) o la Universitat Ramon Llull (URL). Ha fundado diversas organizaciones como deba-t.org y bridgingbcn dedicadas a fomentar las relaciones entre universidad, política y sociedad civil. También es miembro de la Asociación de Comunicación Política (ACOP) o de la Societat d’Estudis Econòmics (SEE).

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