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01 agosto 2017

Venezuela, hundida en la violencia. Cronología de un conflicto.

Sumergida en la mayor crisis económica de su historia, con bajos precios del petróleo, hiperinflación, escasez de medicinas y alimentos, conflicto político-social con más de cien días de protestas y 120 asesinados en manifestaciones; Venezuela se enfrenta, según los analistas políticos, al cierre total de los pocos espacios democráticos que aún quedan en ese país con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) –reformulación a medida del presidente Maduro de la Constitución impulsada y aprobada en 1999 por el fallecido Hugo Chávez–. La jornada de votación de la asamblea, que se llevó a cabo el domingo 30 de julio entre violencia y represión, se saldó con una cifra de 14 muertes a manos del Gobierno, y la detención en las últimas horas de los opositores Leopoldo López y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quienes estaban bajo arresto domiciliario.

Además, Estados Unidos comienza a aplicar sanciones y la situación da un giro más de tuerca en la escalada del conflicto.

CRONOLOGÍA DE UN CONFLICTO POLÍTICO Y SOCIAL

Tras las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre de 2015, la oposición venezolana, a través de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que agrupa a los partidos políticos de oposición al Gobierno de Maduro, obtuvo la mayoría legislativa. Con la suspensión de la investidura de tres diputados indígenas, representantes del estado Amazonas, ordenada por la Sala Electoral mientras se investigaban presuntas irregularidades denunciadas por el chavismo en la elección de esa región, se instala el Parlamento.

La bancada opositora, inicia un proceso constitucional de recolección de firmas para convocar ante el Consejo Nacional electoral (CNE) un Referéndum Revocatorio que permitiría democráticamente la destitución del presidente de la República de llevarse a cabo antes del 2017 e incorpora a los electos parlamentarios indígenas a asumir sus curules.

El proceso de Referéndum Revocatorio es retrasado ante la posibilidad de llegar a acuerdos políticos entre las partes bajo la llamada “mesa de diálogo” –que se inicia en octubre de 2016– impuesta por el Gobierno e impulsada por sus mediadores, los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana), además de la representación del Vaticano. Dicha mesa de trabajo no produjo ningún avance, lo que llevó a la oposición a su retirada y a alegar que se trataba de una estrategia del Gobierno para “ganar tiempo” y aplazar así los comicios electorales de referéndum y retrasar las elecciones de alcaldes y gobernadores pautados en cronograma.

En este sentido, el CNE suspende el proceso de la recolección de firmas de la MUD alegando “fraude” por la denuncia del oficialismo a través de medidas cautelares en diferentes estados del país por parte de jueces de primera instancia.

La oposición decide romper la mesa de diálogo por “no garantizar el retorno de la democracia en Venezuela”, solicita nuevas negociaciones y la garantía de que se cumplan cuatro puntos específicos: respeto a las competencias de la Asamblea, apertura de un canal humanitario para la atención de las crisis en medicinas y comida, cronograma electoral y liberación de presos políticos. La conflictividad se acrecienta en las calles con manifestaciones en contra del Gobierno.

Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia –controlado por jueces afectos al chavismo– declara en desacato a la Asamblea Nacional por haber incorporado a los miembros indígenas y anula sus competencias, elimina la inmunidad parlamentaria y concede atribuciones especiales en materia penal, militar, económica, social, política y civil al presidente Maduro, hecho que es denunciado por los diputados como “golpe de Estado” quienes desconocen el fallo del Tribunal.

De esta forma –en mayo– el presidente Maduro convoca a la Asamblea Nacional Constituyente, basándose en las llamadas “bases comiciales”, redacta y publica en decreto presidencial un diseño sectario y a medida que desecha los circuitos electorales tradicionales y adopta la paridad de un diputado por municipio, sin tomar en cuenta la población votante de cada circunscripción.

Comienzan las protestas en todo el territorio nacional –abril 2017– y con ellas fuerte represión y persecución por parte de los cuerpos armados del Gobierno, dejando más de 110 fallecidos por armas, más de 2500 detenciones, más de 300 presos políticos, hasta esa fecha (cien días de protesta).

El 8 de julio, en medio de las revueltas populares, el Tribunal Supremo de Justicia – controlado por Maduro- decide excarcelar a su preso político más célebre, Leopoldo López por “razones humanitarias”, y le obliga a permanecer bajo arresto domiciliario. En la misma situación se encontraba desde hacía ya dos años el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y otras figuras de la oposición venezolana. Según datos del Foro Penal Venezolano, hay más de 400 presos políticos en Venezuela, y más de 350 civiles han sido juzgados en tribunales militares.

Por su parte, la oposición representada por la Asamblea Nacional, aprueba un acuerdo “sobre “el Rescate de la Democracia y la Constitución”, mediante el cual convoca a los venezolanos residenciados en Venezuela y en el exterior a pronunciarse sobre tres preguntas en la denominada consulta popular (mecanismo previsto en la Constitución y que no goza de la aprobación del CNE al no tratarse ni de elección ni de referéndum):

1)¿Rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela?

2) ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?

3) ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como a la conformación de un Gobierno de Unión Nacional para restituir el orden constitucional?

En una jornada cívica, la oposición obtiene 7.200.000  rúbricas en rechazo a la constituyente, sin que el Gobierno lo reconozca. Las protestas y la represión continúan y se llama al paro nacional por un periodo de 48 horas, que alcanza según cifras opositoras un 70 % en todo el país.

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

El objetivo es constituir un nuevo Parlamento para escribir una nueva Constitución.

En un contexto de riesgo del autoritarismo, de poderes plenipotenciarios y de rechazo a la Constitución de 1999 impulsada por Chávez, representantes del chavismo denominados “críticos” alzan su voz en contra de lo que consideran una “traición a su legado”. Como portavoz de estas filas, la fiscal general en ejercicio Luisa Ortega Díaz manifestó su disconformidad, elevando el conflicto.

Llevada a cabo el domingo 30 de julio, la jornada contó con el apoyo del CNE y con el despliegue a nivel nacional del Plan República (componentes de las Fuerzas Armadas, quienes tienen el resguardo del proceso). La jornada ha estado marcada por una elevada abstención. El Consejo Nacional Electoral anunció la participación del 41,43 % de los ciudadanos –que correspondería a 8,1 millones de votos– pero la oposición niega esas cifras y establece una participación de tan solo el 12 %.

Mientras los centros dispuestos para la votación se encontraban vacíos, las calles se llenaron de manifestantes que intentaban impedir el proceso. Las fuerzas de seguridad del Estado y los paramilitares arremetieron contra la sociedad civil dejando un saldo de 15 muertos.

A día de hoy países como Perú, Argentina, Estados Unidos, Suiza, Colombia, México, Canadá, Panamá, Brasil, Costa Rica, Noruega y el Parlamento de la Unión Europea han rechazado oficialmente la Asamblea Constituyente, desconociéndola. Estados Unidos comienza con sanciones que congelan los activos del presidente venezolano y prohíbe hacer transacciones, y se especula con la posibilidad de que las sanciones lleguen al sector petrolero, lo que según algunos analistas, podría dar un vuelco definitivo a la situación.

Venezuela navega en una nueva etapa incierta. Los acontecimientos están en pleno desarrollo.

Artículo elaborado por el equipo de análisis de América Latina de LLORENTE & CUENCA.

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