One Euro coin under pressure. Crisis concept.
08 junio 2017

La opacidad de Casandra. La resolución del Popular a la luz (y la sombra) de los medios

Desde que Expansión anunció que el Popular volvía “al centro de la diana de las compras” hasta que el MUR y el Frob acordaron su resolución han pasado exactamente 506 días. Entre medias ha habido muchos rumores y el absoluto desastre para quienes atendieron la llamada de los gestores y acudieron a la última ampliación. Visto a la luz de la prensa, hay cierta sensación de que se sospechaba o se daba por sabido lo que iba a pasar, y la inquietante sospecha de que la opacidad a lo largo del proceso deja demasiadas zonas en sombra.

En la mañana del 7 de junio, los diarios fueron anunciando la resolución de la subasta sobre el Popular, adjudicado al Banco Santander por el precio simbólico de un euro. En ese primer momento hubo varias versiones contradictorias, así que la Comisión Nacional del Mercado de Valores salía al paso con un comunicado aclaratorio:

“Todas estas actuaciones excepcionales se han acordado y ejecutado al amparo de lo previsto en la nueva normativa europea y española sobre resolución de situaciones de crisis de entidades financieras. (…) El principio esencial de esta nueva normativa es la recapitalización interna (bail-in), que implica que sean en primer lugar los accionistas y a continuación los titulares de ciertos instrumentos financieros los que soporten las pérdidas de las entidades en crisis (en lugar de fórmulas de recapitalización externa con apoyo público)”.

El Banco Central Europeo acababa de declarar inviable la entidad, y el Mecanismo Único de Supervisión de la Unión Europea y el Frob acordaban y ejecutaban la resolución del banco. La decisión equivalía a que los más de 300 mil accionistas del banco perdían toda su inversión.

No es frecuente encontrar una advertencia tan perentoria como esta entre las noticias de las semanas anteriores al desenlace de la crisis. De hecho, en las últimas semanas un lector de prensa poco avisado se podría haber quedado con el mensaje de que Emilio Saracho mantenía el control sobre una puja que hasta entonces no había despertado demasiado interés. Incluso hubo alguna interferencia indirecta del ministro de Economía, Luis de Guindos, y se llegó a pensar que Bankia podría ser un candidato alternativo a plena satisfacción de todos. La mayoría de diarios también informó de la reunión que Emilio Saracho e Ignacio Sánchez-Asiaín iban a mantener el 6 de junio ante el Mecanismo Único de Supervisión, pero casi todos sugerían que el alcance real de la visita sería tan solo apremiar al banco español a concluir cuanto antes su proceso de venta.

“La independencia es un valor hasta que se convierte en una carga”

Emilio Saracho, expresidente del Banco Popular

Hacia mediados de marzo de este año, en la rueda de prensa previa a la Junta de su banco, al consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, le preguntaron su opinión sobre las posibles fusiones bancarias. Su respuesta fue especialmente atinada: “Los bancos no se compran; se venden”. Tras los últimos acontecimientos, incluso cabría precisarle que, si tampoco llegan a venderse, se resuelven. Analizado con posterioridad, también suena a epitafio uno de los grandes titulares de Saracho en sus poco más de cien días en la presidencia: “La independencia es un valor hasta que se convierte en una carga”.

Sobre este tipo de declaraciones de ida y vuelta, la de Luis de Guindos el pasado 19 de mayo también aparece repleta de sentido:

“No habrá ayudas públicas, ni en forma de capital, ni de liquidez, ni ventajas fiscales, ni nada. Quien quiera comprar la entidad deberá valorar el banco, asumir tanto las oportunidades como los riesgos y ofrecer un precio que le haga posible rentabilizar su inversión solo con sus propios medios”.

Apenas tres semanas después, y en la práctica, Bruselas ha demostrado que los contribuyentes tampoco van a pagar la factura, sino que las pérdidas se transferirán directamente a los accionistas y acreedores del Popular. Suena a declaración de intenciones y a nueva época en la resolución de crisis bancarias.

Casandra, o las profecías ignoradas

Desde el somero análisis de contenidos de todo lo publicado en prensa durante este año y medio, resulta muy difícil establecer una línea de comunicación clara en torno a lo sucedido. Las fuentes oficiales se volvieron a encastillar en la ambigüedad y la retórica, sin que en ningún momento los distintos supervisores hayan empleado un discurso directo o claro. En sentido estricto, parece que la única noticia real publicada en todo este tiempo fue la de Salvador Arancibia en Expansión el 18 de enero de 2016: “El Popular vuelve a estar en el centro de la diana de las compras”.

Casi todo lo publicado en los 506 días posteriores se ha limitado a darle vueltas a esa idea central. Incluso el editorial que el diario publicaba ese mismo día puede sonar igual de premonitorio a día de hoy:

“Muchas voces apuntan a la necesidad de una nueva oleada de consolidación en el sector bancario español como respuesta ineludible a la caída de rentabilidad derivada de los bajos tipos de interés y las exigencias de capital. (…) Entre las entidades que más aparecen como posibles objetivos figuran Banco Popular y Bankia”.

El siguiente aldabonazo informativo se produjo el 27 de mayo de 2016, cuando se anunció la segunda macroampliación del banco, por 2.500 millones de euros, diseñada para cubrir pérdidas y recuperar la estabilidad. Los entonces gestores argumentaban que la inyección de capital actuaría:

“Como un escudo ante posibles operaciones corporativas en las que el banco no fuera el protagonista, e incluso que puede permitirles estar preparados para las oportunidades que están convencidos, como todo el sector, van a volver a surgir en el futuro cercano”.

Apenas un año después, releer el análisis y las proyecciones resulta demoledor, pero en su momento la entidad estaba segura de resistir el chaparrón en solitario “y a pulmón”.

Poco después empezarían las filtraciones sobre posibles negociaciones de compra, con el Sabadell como primer candidato, y poco después con el BBVA como prácticamente seguro comprador, según sugería entonces algún banco de inversión. Fue la misma etapa en la que trascendió el Proyecto Sunrise de desinversiones en activos tóxicos inmobiliarios, y hasta finales de año se fueron sucediendo en prensa los detalles sobre esa futura y salvadora operación. Entre ese maremágnum de filtraciones, el nombre de Emilio Saracho salió a escena el 1 de diciembre como futuro presidente del banco, tras haber ganado en la votación definitiva por siete a cinco a Manuel Pizarro, tal y como precisaba en Cinco Días Ángeles Gonzalo.

Luego vendrían los informes de analistas y la disyuntiva que ha acompañado la agonía del banco todos estos meses: o hacer una nueva ampliación de capital o propiciar una operación corporativa. Un informe de UBS fue el primero en recuperar la opción de Bankia, que De Guindos revitalizaría meses más tarde. Poco después, Citi ampliaba el foco de posibles candidatos con Santander, BBVA y CaixaBank. Hacia febrero de este año, Bloomberg elevaba la probabilidad de impago del banco al 15 %, y el proyecto Sunrise era finalmente descartado.

Un poco después, el 2 de marzo de 2017, Arancibia repetía scoop, al asegurar que “Santander y BBVA sobrevuelan Popular”, tesis que se ha ido repitiendo en los distintos medios sin solución de continuidad, incluso el mismo día en que se produjo la resolución de la entidad. En abril, el periodista volvía a dar en la diana, al avanzar que el banco debería alterar los resultados de 2016 para cubrir un desajuste de unos 600 millones de euros. A su juicio, el desfase dinamitaba las escasas oportunidades del banco de mantener su independencia. Su futuro pasaría inexorablemente “por una venta exprés o por el troceo de la entidad”, escribía en uno de sus apoyos.

“Corremos el riesgo de convertirnos en una nueva generación de casandras, situados un escalón por debajo de la posverdad.”

El deterioro de la entidad fue acelerándose en las últimas semanas, hasta precipitar el colapso de los últimos días. Cada etapa sucesiva de esa cuesta abajo ha sido oportunamente descrita y referenciada en los medios, pero nadie advirtió ni previno del posible desenlace. En el sector también va ganando cuerpo la duda de por qué la cotización no se suspendió algunos días antes.

Desde el tiempo mitológico en que nadie prestaba atención a las profecías de Casandra, los poderes públicos se suelen mover por una línea demasiado delgada entre la discreción y la opacidad. En el caso del Popular, muchos pueden pensar que la decisión final ha resultado incluso más opaca que discreta. Desde el punto de vista comunicativo, es inevitable que eso ocurra cuando las distintas fuentes evitan la comunicación directa y transparente, y los poderes públicos se refugian en insinuaciones y medias verdades. Es una peligrosa deriva en la que empresas, instituciones, medios y hasta consultores de comunicación corremos el riesgo de convertirnos en una nueva generación de casandras, situados un escalón por debajo de la posverdad.

Jorge López Zafra es director senior del Área de Comunicación Financiera de LLORENTE & CUENCA. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la Comunicación. Es experto en Planificación Estratégica, Comunicación Financiera e Inteligencia Competitiva (análisis del sector y tendencias). Se incorporó a LLORENTE & CUENCA en octubre de 2016, después de una primera etapa en la compañía en la que colaboró activamente. Con anterioridad, trabajó para Iberdrola durante ocho años, participando en el desarrollo de estrategias y coordinación de proyectos de comunicación (OPS, M&A, Juntas Generales de Accionistas y otros asuntos corporativos). Además, ocupó diferentes posiciones en la compañía, como Responsable de Comunicación Estratégica; de Comunicación Digital; y de Inteligencia de Marca y Reputación. Previamente, trabajó para Hispania Service y Airtel.

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Juan Carlos Burgos es gerente del área de Comunicación Financiera de LLORENTE & CUENCA. Trabaja en LLORENTE & CUENCA desde mayo de 2014, después de hacerlo durante más de 20 años en Hermes Consultores de Comunicación. Ha tenido a su cargo cuentas de empresas y asociaciones de muy diversos sectores: Agromán, Ferrovial, Metrovacesa, CBRE, Zeltia, Talgo, Comunitel, A.M.A., la Asociación y la Unión Empresarial Fotovoltaica (AEF y UNEF), AEDE, el CGAE o UTECA, entre otras. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense, estuvo cuatro años adscrito al programa nacional de formación de personal investigador en las Universidades Complutense y Nacional Autónoma de México.

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María Díaz es gerente del área de Comunicación Financiera de LLORENTE & CUENCA. Es experta en comunicación corporativa y relaciones con medios de comunicación. Se incorpora a LLORENTE & CUENCA tras 17 años en Citi donde ocupó la posición de Public Affairs Vice-President con responsabilidad directa y entre otras en la Jefatura de Prensa y en la Responsabilidad Corporativa del grupo en España, por lo que posee una dilataba experiencia en gestión de crisis y reputación corporativa. María es periodista y cuenta con un Executive Program de ESADE Business School.

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